Alexis Ibarra O.
Vida Ciencia Tecnología
El Mercurio
El proyecto, a las puertas de su aprobación, crea un organismo que monitoreará la calidad de internet. También introduce una herramienta con validez legal para chequear si se cumple lo prometido en el plan, y regulará la publicidad. Todo ello puede quedar en letra muerta sin un reglamento técnico para implementar las medidas.
Una nueva ley está a pasos de aprobarse en el Congreso. Una que permitirá que los usuarios de servicios de internet, tanto fija como móvil, puedan exigir que lo que promete el plan contratado sea real. Es decir, que tengan la velocidad por la que se está pagando.
“Se trata de una moción parlamentaria presentada en 2012 por el senador Guido Girardi y apoyada por otros cuatro parlamentarios. Lo que se busca es que la ciudadanía conozca claramente cuáles son sus derechos y el contenido de sus contratos de internet. A la vez, entregarles las herramientas para que hagan valer sus derechos. En resumen, que las reglas estén claras, reforzar los derechos del consumidor y fortalecer la información”, dice la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia.
La ley, según detalla, determina que los contratos, la publicidad y las ofertas de planes deben especificar en forma clara la velocidad de internet promedio que se garantiza. Además, los usuarios tendrán a su disposición una herramienta -programa, sitio o aplicación- para medir la calidad del servicio que están recibiendo y así saber si se está cumpliendo lo establecido por la compañía, según el plan contratado. “Esa medición podrá constituirse en una prueba legal y será resorte de la empresa acreditar si la medición individual tuvo algún tipo de alteración. El usuario tendrá derecho a exigir una compensación, así como una reparación del servicio”, agrega la autoridad.
En opinión del senador Girardi, la ley se pone a tono cono los tiempos, en que todo es digital y la internet se ha convertido en un servicio básico. “Actualmente, un usuario contrata un plan de 80 megas, pero en la hora punta, a las 10 de la noche, apenas recibe dos megas. Con esta ley se garantiza que las personas reciban un porcentaje específico y conocido de lo que pagan a toda hora, sea de noche o de día”.
¿Y el reglamento?
El texto legal contempla, además, la creación de una entidad independiente, pero financiada por las empresas de telefonía e internet, cuya función es realizar mediciones periódicas de distintos parámetros que permitan determinar la calidad del servicio. “Es como una especie de semáforo en que las empresas pueden ser clasificadas por el servicio que ofrecen. No solo parámetros técnicos, como la velocidad, sino también el nivel de reclamos”.
Para el ex subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, siempre es bueno darles herramientas a los usuarios para que fiscalicen su conectividad.
Sin embargo, aclara que la Ley de Neutralidad de la red de 2010 contemplaba ya que las empresas publicaran en sus sitios detalles técnicos de lo que ofrecían en sus planes.
“Ya en ese tiempo había un problema con la interpretación de la ley, ya que para los proveedores de internet la velocidad que podían garantizar era desde su nodo hasta la casa del usuario, pero no se hacían cargo, por ejemplo, de los enlaces internacionales; y eso es importante, ya que muchas de las conexiones a sitios son del extranjero”, advierte.
En opinión de Atton, tan importante como la ley por promulgarse es el reglamento posterior que defina el detalle de cómo se harán las mediciones y los parámetros técnicos a considerar. “Debe haber diferenciación entre la internet fija y la móvil, ya que esta última no se comercializa por velocidad, sino por capacidad, y también se ve afectada por parámetros que a veces no son controlables, como la cantidad de usuarios que están conectados a la misma antena”.
Y como tradicionalmente ocurre con la norma en Chile, puede quedar en el papel si no existe una fiscalización eficiente. “Todavía está durmiendo en el Congreso la ley que creaba la Superintendencia de Telecomunicaciones, institución fiscalizadora”, dice Atton.
La ministra Tapia señala que actualmente la Subsecretaría de Telecomunicaciones tiene atribuciones legales para fiscalizar, aunque no descartó que “en el futuro podamos tener otro tipo de institucionalidad”.
“La ley de ductos que ya fue promulgada y cuyo reglamento revisa Contraloría General, permite a las compañías compartir el acceso a edificios y condominios para que así varios prestadores de servicios puedan llegar con su oferta. Los usuarios tendrán más opciones para elegir la que les entrega el mejor servicio”.
PAOLA TAPIA
MINISTRA DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
“No se puede medir de igual forma la internet fija y la móvil, ya que esta última es probabilística: varía la cantidad de gente que se conecta a una antena, la banda ancha móvil se comercializa por capacidad y no por velocidad y la recepción de la señal depende de la tecnología que tenga el teléfono del usuario”.
MANUEL ARAYA
GERENTE DE REGULACIÓN Y ASUNTOS PÚBLICOS, ENTEL
Medio: Economía y Negocios
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=405183
