La Fundación Ética Periodística expresa su más enérgico y rotundo rechazo por la aprobación de la ley que viola el derecho constitucional y la jurisprudencia internacional sobre el Derecho a la Información.
Lo increíble es la decisión de la Junta de Portavoces que exoneró de segunda votación el polémico proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder (Apra) que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación social privados.
Inclusive, el Congreso de la República remitió ipso-facto la autógrafa de la norma al Poder Ejecutivo para su promulgación en un plazo de quince días útiles. Sin embargo, en este lapso de tiempo el presidente de la República puede observarla.
Es una lástima y una vergüenza que en el momento actual tan trascendente para la gobernabilidad del país y las declaraciones de Barata que involucra a varios ex candidatos presidenciales se conculquen derechos constitucionales, al mismo estilo del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Lo acontecido hoy en el Congreso de la República, es un grave atentado contra la libertad de expresión al vulnerar el derecho constitucional a la información, opinión, expresión y difusión del pensamiento; esta ley es una censura indirecta y tiene como único propósito ejercer presión contra las empresas de comunicación social.
Esta medida, afectará a los lectores, televidentes y radioyentes, que verán menoscabado su derecho a acceder a información relevante sobre los programas, campañas y servicios que brinda el Estado.
Existe ya una ley aprobada en el año 2006 que regula la publicidad en el Estado, y que si bien no está reglamentada, está en aplicación y obliga a un manejo técnico de la publicidad del Estado en base a los niveles de audiencia y al impacto que merece cada campaña. Pensar, como propone el congresista Mulder, que a través de plataformas del Estado, TV Perú o Radio Nacional, se va a lograr el impacto que se requiere carece totalmente de sustento”.
Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación social.
No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos
Las autoridades deben estar obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público.
La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.
La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de un día; es afán permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización. No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar nuestra profesión.
Medio: Expreso
